- Los colectivos ciclistas y ecologistas lamentan que tanto las medidas estatales como autonómicas prioricen combustibles y electrificación sin apostar decididamente por la movilidad activa, la opción más eficiente, resiliente y accesible.
- Los planes de movilidad al trabajo siguen fuera de la agenda del lehendakari, a pesar de estar regulados por ley y exigibles desde el año 2022.
- La bicicleta es nuevamente olvidada en las medidas propuestas por ambos ejecutivos.
Las asociaciones de personas usuarias de la bicicleta en Euskadi, Gasteizko Bizikleteroak-Ciclistas urbanos de Vitoria-Gasteiz, Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartea y Biziz Bizi, junto con el Grupo Ecologista Sagarrak y Ekologistak Martxan, denuncian que la bicicleta y la movilidad activa han vuelto a quedar relegadas tanto en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y a la disrupción del tráfico energético derivada del bloqueo del Estrecho de Ormuz, como en las medidas del “escudo industrial” promovido a nivel de Euskadi.
Una vez más, la movilidad activa aparece como la gran olvidada dentro de las medidas de descarbonización y transición energética, frente a un modelo centrado casi exclusivamente en la electrificación del automóvil y en el inyectar dinero a las grandes corporaciones.
También parece que olvidamos que desplazarse en bicicleta o andando son activos de salud que ayudan a la prevención de enfermedades y la mejora de la salud pública en nuestros municipios, además de reducir la contaminación asociada a los automóviles, de la que no están exentos los eléctricos.
Subvencionar combustibles para no cambiar, inyectar dinero para seguir con lo mismo
Las medidas aprobadas por ambos ejecutivos suponen un importante esfuerzo presupuestario destinado a sostener el modelo actual de movilidad dependiente de combustibles fósiles o de vehículos privados electrificados, pero no incluyen un programa específico de impulso a la bicicleta o a la movilidad activa.
La transición energética no puede limitarse a electrificar el parque móvil, sino que debe reducir la necesidad misma de energía en los desplazamientos. Y en este sentido, la bicicleta, el transporte colectivo y otros modos de movilidad activa constituyen la opción más eficiente desde el punto de vista energético, ambiental y económico.
Mientras que el decreto a nivel estatal adelanta en doce meses el plazo para que empresas y entidades públicas elaboren planes de movilidad sostenible al trabajo, que deberán incluir medidas para fomentar la movilidad activa, el transporte colectivo o el teletrabajo, en Euskadi estos planes son exigibles desde el año 2022 a centros de trabajo donde trabajan más de 100 personas en cada turno los cuales tienen obligación de tener “un plan de transporte al centro de trabajo que incluya medidas para posibilitar el uso de transportes públicos o de vehículos alternativos de titularidad privada” (art. 32 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca y Decreto 254/2020). Hasta la fecha, los colectivos no han conseguido encontrar ningún centro de trabajo que cumpla con estos requisitos.
La actual crisis energética demuestra que la resiliencia de un país no depende únicamente de su capacidad de generar energía, sino también de su capacidad para reducir su consumo energético en movilidad. Como acaba de subrayar estos días el comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen, es necesario prestar “especial atención al sector del transporte” y pide “ahorrar combustible”.
La movilidad activa no es solo una cuestión ambiental o de salud pública, sino también una herramienta estratégica frente a crisis energéticas, climáticas y económicas. La bicicleta representa precisamente uno de los modos de transporte más resilientes ante interrupciones energéticas, ya que no depende de combustibles fósiles ni de complejas infraestructuras energéticas.
La urgencia de los planes de transporte a los centros de trabajo
Desde los colectivos insisten en la urgencia de cumplir con la legislación vigente en Euskadi. Tras repetidas peticiones al Gobierno Vasco ven con asombro como la obligatoriedad desde 2022 de los planes de transporte a los centros de trabajo no solo brilla por su ausencia, sino que por parte del ejecutivo no existe ninguna intención ni de fomentarlo ni de controlarlo. El pasado 13 de marzo han vuelto a requerir a la Dirección de descarbonización del Departamento industria, transición energética y sostenibilidad del Gobierno Vasco que “establezca un plan de inspección para monitorizar el cumplimiento de la normativa referida a los Planes de Movilidad al Trabajo tanto de la administración pública como de las empresas privadas”, en definitiva, que haga cumplir la ley. Hasta la fecha aún no han recibido respuesta.
Desde los colectivos instan al Gobierno Vasco a exigir a las empresas que presenten y apliquen planes de movilidad al trabajo efectivos y que sean condición indispensable para poder acceder a las ayudas propuestas.
También animan a los sindicatos a exigir los planes de movilidad al trabajo en sus negociaciones con las empresas ya que son medidas que tendrán un impacto directo en las economías de las familias trabajadoras.